Bruselas eleva los costes en la cerámica y pone en jaque la viabilidad europea
El sector cerámico europeo atraviesa uno de sus momentos más delicados. Las nuevas reglas que prepara la Comisión Europea para el reparto de derechos gratuitos de emisión entre 2026 y 2030 dibujan un escenario que, según las patronales del sector, amenaza la continuidad de parte de la producción en el continente. La organización europea Cerame-Unie, que representa a fabricantes de toda la Unión, ha puesto cifras al impacto: producir cerámica puede encarecerse entre un 30% y un 40% en apenas cinco años.
El aviso llega tras el cierre en Bruselas de los European Ceramic Days, donde se han detallado las implicaciones del recorte planteado por la Comisión. La propuesta reduce un 34% las asignaciones gratuitas respecto al periodo anterior y, de aprobarse en el primer trimestre de 2026, disparará el coste del CO₂ un 550% en 2030. A estos incrementos se suman otros dos pilares del proceso productivo: la electricidad se encarecería un 81% y el gas un 74%. Tres factores que, combinados, tensan los márgenes de unas plantas ya sometidas a energía volátil y complejidad normativa creciente.
Un contexto que amenaza la competitividad
El malestar es profundo entre las patronales del continente. Cerame-Unie sostiene que el puzle regulatorio europeo —normas climáticas, burocracia y escalada energética— está minando la capacidad de inversión y frenando la innovación industrial. El riesgo evidente, advierten, es que la producción salga del continente en busca de marcos regulatorios más asequibles, desplazando empleos y actividad económica.
No es una advertencia hipotética: desde 2021, la industria cerámica europea ha reducido un 30% su producción, ha perdido la mitad de su superávit comercial y ha visto cómo un 10% del empleo sectorial desaparecía en apenas tres años. Una tendencia especialmente preocupante para España, donde el 90% de la fabricación de baldosas y pavimentos se concentra en Castellón.
Un impacto directo sobre España
De mantenerse la propuesta sin modificaciones, la industria española afrontaría entre 110 y 163 millones de euros anuales en costes adicionales por derechos de emisión, según las primeras estimaciones del sector. Las patronales nacionales, alineadas con el análisis europeo, insisten en que la escalada regulatoria compromete inversiones futuras y puede acelerar decisiones de deslocalización.
Un llamado urgente al cambio de rumbo
El informe “Evaluación de Costes Acumulativos” presentado en Bruselas plantea un mensaje directo: la transición climática requiere ajustes, pero la industria reclama un marco que permita evolucionar sin poner en riesgo su continuidad. Simplificación normativa, estabilidad regulatoria y mecanismos que igualen la competencia frente a terceros países figuran entre las peticiones principales.
Mientras Bruselas perfila su decisión final, el sector mantiene la presión política. Fabricar en Europa, sostienen, solo será posible si la transición energética va acompañada de reglas que no asfixien a la industria en el camino.
